MADRID.- El juez español Baltasar Garzón, juzgado en su país por investigar miles de desapariciones durante el franquismo, aseguró ayer haber cumplido con su obligación y tener la conciencia tranquila, en un juicio, visto para sentencia, que podría significar el fin de su carrera.
Demandado por dos grupos ultraderechistas españoles que lo acusan de vulnerar una ley de amnistía de 1977, de ser declarado culpable, Garzón, de 56 años, puede ser condenado a 20 años de inhabilitación profesional.
A petición de familiares de víctimas de la represión franquista, entre 2006 y 2008 el juez recopiló documentación sobre más de 114.000 personas del bando republicano desaparecidas durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura (1939-75), antes de abandonar el caso por oposición de la Fiscalía.
"Sólo puedo decir que mi conciencia está tranquila, porque tomé las decisiones que creía ajustadas al derecho para investigar los crímenes masivos de desapariciones de personas", afirmó el magistrado, mundialmente conocido por la detención de Augusto Pinochet en 1998 en Londres. "La obligación del juez es dar protección a las víctimas", agregó, al término del juicio ante el Tribunal Supremo español, cuya sentencia puede tardar varias semanas. La defensa de Garzón y la Fiscalía volvieron a pedir una absolución.
"Tendría a mi juicio un efecto devastador una sentencia condenatoria", afirmó el fiscal Luis Navajas, advirtiendo del riesgo de juzgar a Garzón más por su personalidad controvertida que por sus acciones. "Sería patético y ridículo que mientras en la Argentina tienen a una jueza dedicada a investigar los crímenes del franquismo, aquí nos dediquemos a perseguir al juez que se hizo cargo de dichas denuncias", agregó recordando las diligencias iniciadas por la magistrada de Buenos Aires María Servini de Cubría.
Durante dos semanas de juicio, una docena de familiares de represaliados por el franquismo llevaron ante el tribunal los escalofriantes testimonios de cómo sus padres y abuelos fueron detenidos, fusilados y tirados a fosas comunes. Para Gonzalo Martínez-Fresneda, abogado de Garzón, "los cónyuges vivos, los hijos, siguen sufriendo una tortura consistente en no saber qué pasó y dónde están los restos".
Sin embargo, para el abogado de la acusación en España, Joaquim Ruiz, Garzón actuó "de mala fe", "enjuiciando un movimiento, enjuiciando una época", la del franquismo. (AFP)